El gremio minero advirtió mayores exigencias regulatorias, la necesidad de certeza jurídica y efectos de la Ley SBAP sobre operaciones a nivel nacional.
La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) desarrolló su Consejo General N°1.523 con un balance marcado por una agenda regulatoria más exigente y una creciente demanda por certeza jurídica en el sector. La directiva definió 2025 como “un año especialmente desafiante”, debido a la aceleración de la Ley SBAP, la creación de nuevos sitios prioritarios y áreas protegidas, y los posibles impactos sobre proyectos en ejecución y futuras inversiones. El gremio destacó también su despliegue territorial, trabajo legislativo y el recurso presentado ante el Tribunal Ambiental por el Parque Nacional Desierto Florido.
El encuentro tuvo como eje el análisis de la Ley SBAP, con una exposición del Ministerio del Medio Ambiente que detalló sus implicancias para las faenas mineras. Los asociados plantearon inquietudes sobre restricciones, nuevas áreas protegidas y estándares ambientales que podrían afectar a más de 300 instalaciones. De cara a 2026, SONAMI fijó prioridades en permisos, apoyo a la pequeña minería, exploraciones, desarrollo de proveedores y minerales críticos, reafirmando su rol como referente técnico del sector.
