La Comisión de Medio Ambiente reformuló la norma en la que solo el Estado podría desarrollar la actividad minera sobre el litio, como tampoco lo que a juicio de algunos críticos apuntaba a lo mismo sobre el cobre.
Los convencionales aprobaron y realizaron cambios a una serie de propuestas sobre temas de minería, aguas, energía y bienes comunes naturales. Se aprobó un artículo que señala que “quedarán excluidos de toda actividad minera los glaciares, las áreas protegidas, las que por razones de protección hidrográfica establezca la ley, y las demás que ella declare”. Anteriormente se incorporaban también “las zonas de origen de cuencas hidrográficas”, cuestión que generaba críticas entre algunos convencionales y desde la minería, tema que ahora no vuelve al pleno.
Con respecto a uno de lo artículos más polémicos, se sustituyó el texto que anteriormente señalaba que solo el Estado puede desarrollar la actividad minera sobre el litio, y que a juicio de algunos críticos apuntaba a lo mismo sobre el cobre, pero con participación minoritaria de privados; y donde también se hablaba de que “todas las actividades mineras requerirán autorización administrativa otorgada por la autoridad competente”.
Ahora dicho artículo quedó así: “Las actividades mineras de exploración, explotación o aprovechamiento, requerirán ser autorizadas por los títulos administrativos que defina la ley. Sus beneficiarios estarán obligados a realizar las actividades respectivas. Los títulos otorgados bajo la vigencia de esta Constitución lo serán de forma temporal y sujetarán las actividades a las que se refieran a condiciones y causales de caducidad y revocación debidamente especificadas”.
Dicho artículo aprobado agrega que “la ley establecerá las condiciones para su renovación. Se otorgarán mediante un procedimiento transparente e informado a la ciudadanía, por un órgano autónomo creado por ley. Sobre ellos no habrá propiedad, pero darán a sus beneficiarios los derechos y obligaciones que establezca la ley y el respectivo título. La Constitución protege los derechos así incorporados en el título, y el derecho del beneficiario a requerir su protección judicial”.
Las nuevas propuestas se votarán el próximo sábado otra vez en el pleno.
