Andes Iron y gremios mineros critican la decisión del Comité de Ministros, mientras organizaciones medioambientales celebran la resolución.
El rechazo definitivo del proyecto minero portuario Dominga por parte del Comité de Ministros ha desatado una ola de reacciones enfrentadas entre las autoridades, la empresa detrás del proyecto y los gremios del sector minero. La decisión, adoptada de manera unánime, se fundamentó en el incumplimiento de aspectos ambientales clave, como la falta de un plan adecuado de contingencia ante posibles emergencias y la omisión de información sobre especies en peligro de extinción en la zona del proyecto.
Andes Iron, la compañía a cargo de Dominga, calificó el rechazo como un “nefasto precedente” y acusó al Comité de Ministros de violar el fallo del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, que había solicitado una nueva votación tras una resolución previamente anulada. En su comunicado, la empresa afirmó que tomará acciones legales para revertir la decisión, asegurando que el proyecto cumple con todos los requisitos ambientales y que la resolución tiene vicios legales. “Esperamos confiados lo que resuelvan el Primer Tribunal Ambiental y luego la Corte Suprema”, indicó Andes Iron.
Por otro lado, la Cámara Minera de Chile expresó su preocupación por el impacto económico de la decisión. Manuel Viera, presidente del gremio, lamentó que el rechazo limite el desarrollo de la minería en el país, destacando que la iniciativa hubiera generado 1.500 empleos directos y 4.000 indirectos, contribuyendo a la economía regional y nacional. Viera señaló que, aunque entendía las preocupaciones medioambientales, el proyecto podría haberse mejorado utilizando tecnologías más avanzadas para mitigar los impactos. “El diálogo es el mejor amigo de la resolución de los temas conflictivos”, afirmó.
La Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) también se sumó a las críticas, calificando la decisión como “decepcionante y contradictoria”. Jorge Riesco, presidente de SONAMI, argumentó que, a pesar de la validación técnica del proyecto y el fallo favorable del Tribunal Ambiental, el Comité de Ministros cedió a presiones políticas, lo que envía una mala señal a los inversionistas. Riesco lamentó la judicialización continua del proyecto, señalando que la resolución del Comité va en contra de los intereses de desarrollo económico del país. “No había razones para seguir con una judicialización obstinada e innecesaria”, expresó.
Este rechazo, que se suma a más de una década de tramitaciones y controversias en torno a Dominga, refleja la creciente polarización en torno al futuro del proyecto, mientras persisten los cuestionamientos sobre la relación entre la minería y la sostenibilidad ambiental en Chile.
