Ministra de Minería, Aurora Williams.
En entrevista exclusiva con GPI y sus revistas Pro-Candelaria y AMagazine, la ministra Aurora Williams destacó la reciente primera transferencia (en abril) de fondos a 307 municipios del país en el marco de la Ley de Royalty Minero; junto con ello, los recursos beneficiarán directamente a 12 millones de personas: “Son 93 mil millones de pesos para este 2024”.
Una agenda muy apretada en los últimos dos meses ha tenido la ministra de Minería, Aurora Williams, quien ha estado en la primera línea a raíz de los primeros recursos que ya comenzaron a repartirse a distintas comunas del país, producto de la Ley de Royalty Minero. La titular de la cartera, habló con Grupo Periodístico Industrial (GPI) y sus revistas, Pro- Candelaria y AMagazine.
– Ministra, por mucho tiempo se esperó que una Ley como el Royalty se aprobara, en tiempos que se creía que no llegaría a buen puerto, dicho eso, ahora que es una realidad: ¿Cuál es el impacto que va a tener el Royalty en las comunas beneficiadas, para poder dimensionar el beneficio?, ¿qué significa?
– Que hoy Chile cuente con una Ley de Royalty Minero es un hito muy significativo, porque es un aporte explícito de la industria minera al desarrollo de los territorios y, principalmente, a la descentralización de nuestro país. La primera transferencia de recursos realizada en abril es la demostración del compromiso del Gobierno del Presidente Gabriel Boric con estos objetivos y por supuesto, con el crecimiento de las regiones. La minería aportará de manera concreta a las comunidades de todo el país, ya que la ley permitirá recaudar 1.350 millones de dólares anuales una vez en régimen desde 2025. De ese total, 450 millones de dólares se destinarán para potenciar el desarrollo de las regiones. Por lo tanto, el impacto del Royalty radica en que ofrece la oportunidad de construir un mejor futuro en cada una de las regiones y comunas de Chile. Es también mayor justicia para las comunas mineras, para que los recursos que se producen en esos territorios queden también ahí, donde se podrán tomar decisiones con mayor pertinencia territorial y fomentar la cohesión social.
– Para que la gente lo entienda, ¿por qué es tan importante una ley como el Royalty, y que se haya podido aprobar después de varios años de discusión?
– Chile necesita avanzar en una descentralización efectiva, inyectando más recursos a las regiones y comunas ya que el camino al desarrollo debe ser con justicia territorial y cohesión social. El Royalty minero busca que las regiones tengan mayor autonomía para decidir y avanzar en mejorar la calidad de vida. Mediante la entrega de más recursos para las comunas, se contribuirá a un cambio concreto en la vida de las familias chilenas, las que podrán ver los efectos directos en sus barrios. Esto también va en sintonía con el objetivo del gobierno de promover una distribución más justa de las riquezas de nuestro país. Es destacable también que el Royalty es el resultado de un trabajo colaborativo, fruto de un largo ejercicio de diálogo entre el Ejecutivo con los parlamentarios, el sector privado, académicos, las comunidades locales y la ciudadanía en general. Por lo tanto, es muy valorable que como país hayamos conseguido ponernos de acuerdo en una fórmula que permitió armonizar las posiciones para resolver la carga tributaria y distribución de recursos en beneficio de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas.
– Cuando hablamos del impacto positivo que tendrán los recursos económicos producto del Royalty, ¿qué número de población (estimado) es la que se verá beneficiada a lo largo del país?
– Este año, a través de los Fondos Puente estamos traspasando a las comunas recursos que beneficiarán directamente a 12 millones de personas. Son 93 mil millones de pesos para este 2024, que buscan atender las urgencias de cada comuna. Los municipios que reciban recursos del Royalty podrán utilizarlos con libre disposición, en base a las necesidades más apremiantes que identifiquen en sus territorios. De esta manera, estamos dando un paso relevante para potenciar el desarrollo local dotando de mayor autonomía financiera a los municipios.
– Se espera que los recursos provenientes del Royalty aportarán, de aquí en adelante, un gran beneficio a la sociedad, ¿cómo será el itinerario, la entrega de los recursos durante el transcurso del 2024, qué comunas serán las prioritarias?
– A mediados de abril pasado, como Gobierno realizamos la primera transferencia de fondos a 307 municipios del país en el marco de la Ley de Royalty Minero, por un total de 93 mil millones de pesos para este año. Es un monto que representa la mayor entrega de recursos frescos al sistema de financiamiento municipal de los últimos 10 años, marcando una cifra histórica que materializa el avance hacia una mayor justicia e igualdad territorial. Es importante destacar en este punto, que el desembolso de recursos se diseñó tras un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso, lo que permitió distribuir el 50% de lo que se repartirá en 2025, cuando se concrete la mayor recaudación del royalty. Y con ese propósito, este año fue que se generaron dos fondos Puente. El primero es el Fondo de Equidad Territorial que repartirá 70.755 millones de pesos, en 300 comunas, con el objetivo de compensar las brechas presupuestarias existentes entre los municipios. Y el segundo, es el Fondo Común Minero que distribuirá 22.891 millones de pesos destinados a compensar las externalidades de la actividad minera en 43 comunas del país. Estos fondos fueron traspasados el 12 de abril de este año. La lista de comunas beneficiadas es pública y se encuentra disponible en la página web www.gob.cl.
– ¿Mediante qué mecanismos se velará para que estos recursos sean bien utilizados por parte de los municipios?
– Con el Royalty se fortalece la autonomía de los municipios, pudiendo usar los recursos en base a sus requerimientos y pertinencia territorial, pero con controles que permitan supervisar su uso adecuado. Si bien la ley determinó que los dineros del Royalty que reciban los municipios son de libre disposición, su uso será determinado por la máxima autoridad comunal, en acuerdo con su Concejo Municipal, en base a las necesidades más apremiantes que identifiquen en sus territorios, aunque no podrán utilizarse para el pago de deudas municipales. Por lo anterior, se estableció por ley que los municipios deben informar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) el destino de los fondos. Y a su vez, esta subsecretaría, debe informar del uso de los mismos al Congreso. Esto es una oportunidad para que la ciudadanía pueda conocer en qué se gastaron los fondos y una ocasión valiosa para que se pueda estudiar el impacto de este aporte, pues cualquier persona podrá hacer este seguimiento en el portal de Subdere”.