Organizaciones productivas alertan que la propuesta de imponer entre US$1 y US$2 por tonelada movilizada encarecería importaciones, dañaría las exportaciones y generaría presión inflacionaria.
Diversos gremios empresariales manifestaron su preocupación ante las iniciativas legislativas que buscan establecer un cobro obligatorio por cada tonelada transferida en los puertos del país. Según plantearon, la medida encarecería directamente el comercio exterior y terminaría afectando tanto a consumidores como a las industrias que dependen de las exportaciones, generando un impacto transversal en la actividad económica y en el empleo.
Las organizaciones explicaron que, dependiendo de cómo se aplique el tributo, ya sea como recargo a las navieras o directamente a los productos, el costo terminaría incorporándose al precio final de bienes importados, mientras que los exportadores, enfrentados a mercados altamente competitivos, difícilmente podrían traspasarlo. Esto, advirtieron, implicaría aumentos relevantes en los fletes internacionales, llegando hasta un 6% o 12% adicional en rutas hacia Asia o Estados Unidos, según el nivel del impuesto. Asimismo, recalcaron que la carga tributaria total podría ascender entre US$111 millones y US$222 millones anuales, cifras que, señalaron, invalidan la idea de que se trate de un cobro menor.
En su declaración, los gremios llamaron a priorizar inversiones que fortalezcan la cadena logística antes que crear nuevos gravámenes. Entre las medidas que consideran urgentes se encuentran mejorar la conectividad vial y ferroviaria hacia los terminales marítimos y recuperar el funcionamiento del tercer turno de camiones en la zona central. A su juicio, avanzar en infraestructura y eficiencia operativa es la vía adecuada para apoyar a las comunas portuarias y al comercio exterior, evitando perjuicios a la competitividad del país.
